Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Un grupo de familiares afectados por las irregularidades registradas en el crematorio Plenitud, ubicado en el estado de Chihuahua, se manifestó este jueves para exigir que la gobernadora Maru Campos emita una disculpa pública institucional. Los inconformes sostienen que las omisiones en la supervisión de dicho establecimiento derivaron en una crisis de confianza y un daño irreparable a la dignidad de sus seres queridos, por lo que demandan un reconocimiento formal de responsabilidad por parte de las autoridades estatales.

Los manifestantes argumentaron que, a pesar de las denuncias interpuestas ante las instancias correspondientes en meses anteriores, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente para garantizar la justicia y la reparación del daño. Representantes de los colectivos señalaron que la falta de un protocolo claro y una supervisión rigurosa en los servicios funerarios privados en la entidad ha permitido que este tipo de incidentes afecten a múltiples familias sin que exista una sanción ejemplar o una garantía de no repetición.

Ante esta situación, el grupo de afectados ha solicitado una audiencia formal con la titular del Ejecutivo estatal para presentar una serie de propuestas orientadas a reformar los reglamentos de salud y servicios funerarios en Chihuahua. Entre sus peticiones se incluye la creación de un padrón actualizado de establecimientos certificados y el endurecimiento de las inspecciones sanitarias realizadas por la Secretaría de Salud estatal, con el fin de evitar que se repitan las anomalías reportadas en el caso Plenitud.

Por su parte, fuentes cercanas a la administración estatal han indicado que el gobierno de Chihuahua mantiene abiertos los canales de diálogo para revisar los expedientes relacionados con este caso. Se espera que en los próximos días se establezca una mesa de trabajo en la que participen representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Salud para evaluar las demandas de los ciudadanos y determinar las acciones administrativas que procedan conforme a derecho.