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Movimiento Ciudadano exige juicio contra el gobernador Rubén Rocha Moya

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano demandó que el gobernador de Sinaloa enfrente un proceso judicial ante la crisis de seguridad en la entidad.

Redacción La Libreta
Foto: excelsior.com.mx

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano formalizó este domingo una exigencia para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a un proceso de rendición de cuentas ante las instancias legales correspondientes. El partido político argumentó que la actual crisis de seguridad que atraviesa el estado requiere una intervención profunda y una transparencia absoluta por parte de las autoridades locales, señalando que la población sinaloense demanda respuestas claras frente a la violencia persistente.

Esta postura se suma a las recientes declaraciones emitidas por especialistas en seguridad y antiguos funcionarios de agencias internacionales, quienes han instado a que se esclarezcan las responsabilidades institucionales en el estado. Desde la perspectiva de los representantes de Movimiento Ciudadano, la situación en Sinaloa ha superado la capacidad de gestión de la administración estatal, exigiendo que tanto la Fiscalía General de la República como otras instancias federales revisen las actuaciones del Ejecutivo local en los últimos meses.

La exigencia de la fuerza política se enmarca en un contexto de creciente presión social, donde diversas organizaciones civiles han manifestado su preocupación por la estabilidad en la región. El partido subrayó que México y Sinaloa merecen conocer la verdad sobre los hechos que han fracturado la tranquilidad social, insistiendo en que ninguna figura política debe quedar exenta de investigación si existen señalamientos sobre su actuar frente al crimen organizado.

Aunque el gobernador ha sostenido que su administración mantiene el diálogo con el Gobierno Federal y las fuerzas de seguridad, la oposición insiste en que la estrategia actual es insuficiente. La dirigencia de Movimiento Ciudadano propuso que el Congreso de la Unión inicie los análisis necesarios para evaluar la situación política en la entidad, enfatizando que la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés de partido para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

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