ONG señala retrocesos democráticos en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Human Rights Watch publicó este 20 de octubre un informe donde señala a México como uno de los países con mayores retrocesos democráticos en la región. La organización documentó una contradicción persistente entre el discurso diplomático de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros internacionales y la realidad que enfrentan las instituciones autónomas y la sociedad civil dentro del territorio nacional. Según el análisis, este fenómeno ha generado preocupación en diversos organismos de observación global sobre la salud institucional del país.

El reporte destaca que, aunque el Ejecutivo federal mantiene una agenda de defensa de la soberanía y una postura activa en la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la comunidad mundial, las políticas de seguridad y la relación con el Poder Judicial reflejan una tendencia a la concentración de facultades. La organización resalta que el fortalecimiento de la SEDENA y la Guardia Nacional en tareas civiles ha sido cuestionado por diversos colectivos, quienes perciben una disminución en los contrapesos necesarios para la rendición de cuentas.

Desde la perspectiva de la administración federal, la respuesta ha sido enfatizar que las reformas implementadas responden a un mandato popular expresado en las urnas y que buscan transformar la estructura del Estado para priorizar el bienestar social. Funcionarios cercanos a la oficina de la Presidencia han señalado que los cambios son parte de un proceso necesario para depurar las instituciones y eliminar prácticas que, a su juicio, obstaculizaban el desarrollo del país en años previos.

Sin embargo, el documento de la ONG subraya que la erosión de la autonomía en organismos reguladores y la presión ejercida sobre integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son factores que inciden negativamente en la percepción democrática. La organización advierte que, de no existir un espacio para el diálogo plural, la legitimidad de las políticas públicas podría verse afectada a largo plazo, complicando la relación con socios comerciales y organismos multilaterales.

El análisis también hace hincapié en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos en diversas entidades federativas. Aunque el gobierno ha reiterado su compromiso con la protección de estos grupos a través de las secretarías correspondientes, los mecanismos actuales son señalados por las organizaciones como insuficientes para frenar la violencia sistémica que limita la libertad de expresión en el país.