SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con enfoque de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que todos los procesos judiciales relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser analizados bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad. Esta decisión del máximo tribunal del país subraya que la aplicación de este enfoque no es una opción para los juzgadores, sino una obligación procesal ineludible para garantizar el acceso a la justicia.

La sentencia enfatiza que las autoridades judiciales deben considerar las condiciones de vulnerabilidad y los riesgos específicos que enfrentan las mujeres que realizan labores de defensa de derechos humanos en México. Al integrar la interseccionalidad, los tribunales están obligados a evaluar cómo factores como la identidad de género, la pertenencia a comunidades indígenas o el contexto geográfico de riesgo agudizan las violaciones a los derechos humanos en estos casos.

Esta determinación busca eliminar las barreras institucionales que históricamente han dificultado la obtención de justicia para las víctimas y sus familias. La Corte sostiene que omitir este análisis especializado perpetúa la impunidad y revictimiza a quienes han sufrido la desaparición forzada en el ejercicio de su labor social. A partir de este criterio, los jueces federales y estatales deberán documentar cómo la labor de defensa influyó en el riesgo enfrentado por la víctima.

El fallo obliga a las fiscalías y tribunales a revisar sus protocolos de investigación para asegurar que las líneas de investigación no ignoren el componente político o social del trabajo de las mujeres desaparecidas. Esta medida representa un cambio estructural en la manera en que el Poder Judicial aborda la violencia contra las mujeres en el país, exigiendo una mayor diligencia técnica y sensibilidad social en la procuración de justicia.

Especialistas en la materia consideran que este precedente permitirá fortalecer las sentencias judiciales, al obligar a los operadores de justicia a desglosar las dinámicas de poder que rodean cada caso. La resolución marca un hito en la protección de las personas defensoras y establece un estándar de actuación que deberá permear en todo el sistema judicial mexicano de ahora en adelante.